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El proyecto de un Green New Deal propuesto por Sanders se considera una propuesta avanzada en comparación con aquella apoyada por Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey, y ha inspirado la propuesta de un Green New Deal europeo por parte de algunos sectores de los movimientos ecologistas. Una de sus principales limitaciones es que de ninguna manera afecta los tratados de libre comercio que legitiman la proliferación de maquiladoras, enclaves y zonas económicas especiales en los países latinoamericanos donde la legislación del mercado laboral y los estándares ambientales permiten una mayor autonomía a las industrias extractivas y a los procesos de deslocalización. El caso de Bolivia y las medidas aplicadas por el Presidente Evo Morales – que durante años ha respaldado una retórica ambientalista e indígena, pero que en realidad ha dado paso al proceso de transformación neoliberal que ha provocado los incendios en la Amazonía boliviana – nos permiten entender por qué el Green New Deal no sólo no es universalmente aplicable, sino que también puede tener repercusiones negativas en el continente latinoamericano y, en particular, en las comunidades indígenas que hoy en día, no por casualidad, se encuentran en primera fila de los movimientos de protesta y resistencia.
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La propuesta de Green New Deal (GND), presentada en febrero de 2019 por los miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey, fue recientemente presentada de nuevo por el candidato demócrata Bernie Sanders. El nuevo proyecto plantea una inversión de 16,3 billones de dólares para alcanzar el 100% de energía sostenible para la electricidad y el transporte para el 2030 y descarbonizar completamente la economía para el 2050 como máximo. El primer paso hacia este objetivo sería reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 45% en la próxima década y llegar a cero en 2050: este punto también fue el tema central de la Cumbre de Acción Climática 2019 de la ONU celebrada el 23 de septiembre en Nueva York, que fue boicoteada por Trump.
Uno de los puntos novedesos del GND propuesto por Sanders, que no estaba presente en la propuesta de Ocasio-Cortez y Markey, es la idea de incluir medidas para frenar la producción de combustibles fósiles, proponiendo la prohibición de la importación y exportación de petróleo y gas y poner impuestos sobre los permisos de perforación en terrenos públicos. De esta manera, el GND de Sanders trataría de reconocer la responsabilidad histórica de Estados Unidos en la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera y, en consecuencia, comprometerse a frenarlas mediante la creación de organismos públicos para la redistribución de la energía limpia. También implicaría “la obligación de ayudar a los países menos industrializados a alcanzar sus objetivos, mejorando al mismo tiempo su calidad de vida”, a través de la asignación de 200.000 millones de dólares al Green Climate Fund, la estípula del Acuerdo de París y la “reafirmación del liderazgo de Estados Unidos en la lucha mundial contra el cambio climático”. Este punto ha generado un fuerte apoyo internacional al GND, haciéndolo percibir como un proyecto anticapitalista. Como resultado, un grupo de asociaciones – incluida Finanza Etica – e individuos, incluyendo representantes de los Verdes, de Diem25 y del movimiento Fridays for Future, lanzaron en agosto de 2019 la propuesta de un Green New Deal europeo, cuyas directrices están inspiradas en el GND estadounidense.
Sin embargo, la propuesta de Sanders no afecta en algún modo a los tratados de libre comercio – como el USMCA (antes NAFTA) y el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act – ni a las infraestructuras logísticas que representan el corolario material del ahora desaparecido tratado ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) – como IIRSA, CANAMEX y NASCO: estos están a la base de la proliferación de maquiladoras, enclaves y zonas económicas especiales en los países de América Latina, donde la legislación del mercado laboral y las normas ambientales permiten una mayor autonomía a las industrias extractivas y procesos de deslocalización. Además, aunque el GND tiene como objetivo principal la erradicación de los combustibles fósiles, no tiene en cuenta el negocio de los biocarburantes que, si bien producen unas mínimas emisiones de CO2 a la atmósfera durante la combustión, son una de las principales causas de la deforestación, de la expansión de los monocultivos en zonas no agrícolas o en áreas protegidas y de la inflación agrícola. Por último, al tratar de aumentar la energía renovable, incluso otorgando préstamos a familias y pequeñas empresas para la compra de vehículos eléctricos, el GND no considera el costo social de la producción de energía renovable, ni los circuitos transnacionales del capital que alimentan políticas mineras en países como Argentina, Chile y Bolivia, donde se encuentra el 80% de las reservas mundiales de litio, la principal materia prima para la producción de vehículos eléctricos.
Asimismo, mientras afirma la necesidad de implementar una transición ecológica que no se convierta en una exportación de contaminación a otras partes del mundo, el proyecto de un Green New Deal Europeo evita mencionar el acuerdo comercial firmado el 28 de junio de 2019 entre la UE y el MERCOSUR, que plantea entre sus objetivos el de incrementar de un 30% las importaciones de carne de vacuno de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), aumentando así la ganadería intensiva, que no sólo es una de las causas de los recientes incendios en la Amazonia, sino que también es responsable del 18% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, según datos de la FAO (Food and Agricultural Organization).
Al presentar como solución a la crisis ambiental el protagonismo de los estados en la administración de los recursos ambientales y de las energías renovables, en definitiva, ni la propuesta de Sanders ni aquella de un Green New Deal europeo toman en cuenta la dinámica transnacional de producción y reproducción del capital. Para resaltar estas dinámicas, es útil analizar las causas y consecuencias de los incendios en la Amazonía, pero partiendo del contexto boliviano y no del brasileño. De hecho, la responsabilidad del gobierno de Bolsonaro en la deforestación de la Amazonía es bien conocida e indiscutible. Además de declarar durante la Cumbre de Acción Climática que la Amazonia es patrimonio nacional y no de la humanidad, también causó la pérdida de 2.273 kilómetros cuadrados de bosque en sólo ocho meses, entre la tala ilegal y los incendios. Menos conocidas, pero igualmente relevantes son las dinámicas que provocaron los incendios en Bolivia, un país cuyo partido gobernante – el MAS (Movimiento al Socialismo) – se define a sí mismo como socialista e indígena, y cuyo presidente Evo Morales viene desarrollando desde hace años una retórica ambientalista y anticapitalista basada en la instrumentalización de los valores indígenas. En la Cumbre de Acción Climática, de hecho, Morales declaró que es necesario poner fin a la economía capitalista para defender a la Madre Tierra, pero esta posición nunca se ha traducido en acciones concretas dirigidas a frenar la explotación intensiva de los recursos bolivianos.
El caso boliviano es ejemplar porque muestra cómo el GND no sólo no es universalmente aplicable, sino que también puede tener repercusiones negativas en el continente latinoamericano, donde en los últimos años se ha impuesto un nuevo orden político-económico, transformando el Consenso de Washington de los neoliberales en los años ‘90, basado en la valorización financiera, en lo que Maristella Svampa ha denominado el Consenso de los Commodities, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala. Esta nueva estructura, debida principalmente al auge de los precios internacionales de las materias primas y de los bienes de consumo cada vez más demandados por los países centrales y las potencias emergentes como China, ha llevado a los países latinoamericanos a cambiar sus modelos de acumulación, a través de la reprimarización de sus economías en favor del mercado internacional: de este modo, aunque se haya producido un aumento de las reservas monetarias, éstas no se han reutilizado para promover un sistema de bienestar a favor de la población, ni siquiera por parte de los gobiernos más progresistas del subcontinente. Por el contrario, esas reservas se han reinvertido en megaproyectos mineros y agrícolas, que han generado nuevos diferenciales de poder y desigualdades en los países de América Latina, afectando principalmente a los territorios indígenas.
En Bolivia el paradigma actual de crecimiento está basado totalmente en megaproyectos mineros, producción de hidrocarburos y biocombustibles y agricultura intensiva, todo para la exportación a gran escala. Y es precisamente la expansión de la frontera agrícola, que según el Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado en 2015 por Morales debería pasar de 3,5 a 4,7 millones de hectáreas adentro de 2020 e incluso llegar a 10 millones de hectáreas en 2025, una de las principales causas de los incendios que desde el 5 de agosto de 2019 siguen extendiéndose en las zonas de la Chiquitanía, del Chaco y de la Amazonía boliviana. Según el último informe de la FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza), al 25 de septiembre los incendios habían llegado a destruir alrededor de 5,3 millones de hectáreas – el mismo tamaño que todo Costa Rica – y a dañar hasta 30 reservas naturales y áreas protegidas. El detonante fue el Decreto 3973, emitido por Morales un mes antes del inicio de los incendios, que autoriza la deforestación mediante quemas controladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni para el desarrollo de actividades agrícolas en terrenos privados y comunitarios. Pero, detrás de este decreto hay otras dos leyes (n. 337 y n. 741) que legalizan el perdonazo de las hectáreas deforestadas sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011 – por un total de 1.582.807 hectáreas – y el desmonte hasta veinte hectáreas en propiedades privadas, comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas y asentamientos humanos legalmente establecidos con resolución de autorización, para facilitar el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en todo el país. Estas leyes, así como la consiguiente extensión de la frontera agrícola, forman parte de un plan económico más amplio promovido por el MAS para intensificar las relaciones económicas entre China y Bolivia. Éstas se iniciaron oficialmente a finales de 2015, cuando el vicepresidente boliviano A. García Linera contrató la mayor deuda del país con China – 7.500 millones de dólares, igual al 17% del PIB de Bolivia – para financiar un ambicioso programa de megaproyectos en el país – incluso infraestructuras, represas hidroeléctricas y minas – que, todavía, está totalmente vinculado a la realización por parte de empresas chinas. Esto ha significado un fuerte deterioro de las condiciones de trabajo y de los derechos de los trabajadores locales contratados para llevar a cabo estas obras, así como la violación de las normas ambientales bolivianas. En agosto de 2017, los dos países iniciaron nuevos acuerdos estratégicos para reglamentar la venta de productos bolivianos como la soja, la carne y la quinua al mercado chino. En diciembre de 2018, se concluyó el primer acuerdo comercial, que incluía el envío de 40 toneladas de quinua al Estado asiático. En cambio, en marzo de 2019, Evo Morales aprobó una negociación para introducir la siembra de dos nuevas variedades de soja transgénica y aumentar de 250.000 hectáreas las tierras agrícolas reservadas para su producción – que pasaron de 1,3 a casi 1,6 millones de hectáreas – con el objetivo, por un lado, de llegar a producir 100 millones de litros de combustible vegetal al año y, por otro, de abrirse al mercado principal de la soja, es decir la China, que requiere alrededor de 90 millones de toneladas de soja al año, lo que equivale al 65% de las importaciones mundiales. Por fin, el 26 de abril de 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Diego Pary, y el Ministro de Aduanas de China, Ni Yuefeng, firmaron un acuerdo que abrió las puertas a la exportación de carne de res boliviana a China, con la expectativa de exportar 117.000 toneladas por año para el año 2025.
Finalmente, para asegurar que la producción agrícola no disminuya, el MAS ha basado en las clientelas el sistema de redistribución de tierras, gestionado por el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria): de acuerdo con los datos del INRA proporcionados en marzo de este año, se aprobaron más de 1.400 asignaciones de tierras en el país entre 2013 y 2018, de las cuales 900 en la zona de Chiquitanía – en el departamento de Santa Cruz donde se iniciaron los incendios –, y las 500 restantes divididas entre otros departamentos. Pero, una encuesta realizada por la Fundación Tierra mostró que estas asignaciones no han seguido una política de redistribución a favor de la población pobre de las zonas rurales bolivianas, como establecen los principios de la Reforma Agraria, sino que han seguido los intereses del sector agrícola boliviano que apoya al MAS. Gran parte de la tierra fiscal disponible ha sido asignada a personas que viven en áreas urbanas o a comunidades campesinas del altiplano boliviano – históricamente partidarios del MAS – reubicándolas en la parte oriental del país, violando así el artículo 43 de la Ley 1715 de Reforma Agraria que establece que la redistribución de la tierra fiscal debe favorecer a las comunidades indígenas y a las campesinas sin tierra y que ya residen en el departamento en el que se ubica la parcela a ser asignada. De esta manera, el MAS ha logrado asegurarse de una sola vez una sólida base de votantes en el departamento de Santa Cruz – un área históricamente contraria a su gobierno –, ya que las asignaciones están vinculadas a la inscripción en el colegio electoral del departamento de reubicación, y un mayor control de la producción agrícola y de los recursos naturales en la zona. Estas medidas corresponden, por lo tanto, a un interés político por parte del gobierno de continuar a mantener el poder territorial en varios departamentos, considerando también que pronto, el 20 de octubre de 2019, Morales se enfrentará a las elecciones presidenciales por cuarta vez, a pesar de que la constitución lo prohíbe y a pesar del voto en contra de la re-aplicación expresado por la población en un referéndum el 21 de febrero de 2016. Es por ello que Morales aún no ha declarado el “Desastre Nacional”, aunque Bolivia está afectada por los incendios desde hace más de dos meses de manera continuativa, y se niega a aceptar la ayuda internacional para apagarlos: aceptar la situación y remediarla significaría admitir la derrota, demostrando al mundo entero las contradicciones que se esconden detrás de la retórica socialista e indígena de su gobierno.
El caso boliviano pone así de manifiesto la no universalidad del Green New Deal que, aunque se presenta como un proyecto anticapitalista, no aborda los diferenciales de poder que iría a fortalecer mediante la redefinición de los movimientos del capital industrial y financiero y la reestructuración de la producción social de capital. Si bien la desinversión en combustibles fósiles propuesta por el plan supondría una drástica reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, alcanzando los parámetros establecidos en el Acuerdo de París, también supondría un aumento de los procesos de uso del suelo en los países exportadores de materias primas, es decir, tanto los daños ambientales provocados por la deforestación y la pérdida de biodiversidad en zonas de importancia ecológica, como la amenaza a las condiciones materiales de existencia de las poblaciones afectadas por estos procesos, modificando su economía de subsistencia a través de la expansión de monocultivos y la intensificación del comando del capital sobre el trabajo en estos territorios.
