∫connessioniprecarie connettere gli ∫connessi, produrre comunicazione
di ALEJANDRA SANTILLANA ORTIZ[1]
→ 
En Ecuador la pandemia ha causado miles de muertes y el contagio continúa extendiéndose, convirtiéndolo en uno de los países más afectados del mundo por COVID-19. En este contexto, el gobierno de Moreno está asumiendo el proyecto de recortes del gasto público y privatizaciones salvajes en nombre de una alianza duradera con el Fondo Monetario Internacional. Como nos cuenta Alejandra Santillana Ortiz, activista feminista ecuatoriana, la iniciativa del gobierno está dirigida, por un lado, a hacer pagar a las y los trabajadores la crisis sanitaria y económica mediante una fiscalidad diferenciada que recompense a los empresarios y, por otro, a aprovechar la propia crisis para acelerar el plan de ajuste estructural y las reformas neoliberales duramente contestadas el pasado mes de octubre en movilizaciones masivas de trascendencia histórica. Este proyecto incluye el pago de 324 millones de dólares al FMI realizado el pasado mes de marzo y los salvajes recortes en la atención sanitaria y en la educación pública. Esta reorganización neoliberal del país se basa en la intensificación de la explotación del trabajo asalariado y gratuito de las mujeres y en la precarización de todos y todas. Por eso las mujeres, así como los movimientos populares e indígenas, les estudiantes y les docentes, han declarado que están decididos a luchar y recuperar el espacio público, convocando a plantones, marchas y huelgas, respetando la distancia de seguridad. Estas marchas y plantones convocados por estudiantes y profesores, mujeres y hombres en situación de precariedad en diversas partes del país contra el plan de recorte de la educación pública de casi 100 millones de dólares propuesto por el gobierno Moreno, junto con el recurso presentado ante la Corte para demostrar la inconstitucionalidad del plan de recorte de la educación pública, son precisamente los que han llevado al bloqueo de esta medida y, por tanto, a una importante, aunque todavía parcial, victoria del amplio bloque social que desde octubre está cuestionando radicalmente la organización económica, política y social del país.
***
No logro concentrarme. Desde hace días sé que estoy triste. Escribo desde ahí, en ese lugar compartido. A las muertes y contagios por coronavirus, se suman las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenin Moreno que buscan desmantelar lo poco de público que le queda al Estado ecuatoriano. Entre las lágrimas que brotan todos los días, habitamos un duelo que convive con la rabia y la impotencia.
¿Nos van a saquear sin fin hasta que, cuando salgamos nuevamente, nos hayan quitado casi todo?
A la ya generalizada crisis de los cuidados, la pandemia nos anuncia una crisis de sostenimiento de la vida. Los recortes en salud pública y despidos del personal de salud, el fortalecimiento de complejos industriales farmacéuticos y hospitales privados, la deficiente capacidad hospitalaria del país; visibilizan un largo proceso de saqueo a lo público, unas veces por la vía del progresismo y otras, en clave neoliberal. Las medidas adoptadas por el gobierno para resolver la alimentación de la población, tampoco apuntan a las redes de pequeños y medianos productores, o al movimiento indígena y campesino del país, y mucho menos a habilitar los mercados populares[2]. La propuesta lanzada es mantener el acuerdo con las grandes cadenas de producción y comercialización de alimentos. Pero son lxs trabajadorxes quienes más han sido afectadxs por las medidas del gobierno actual: las propuestas de ley emitidas por el Ejecutivo, apuntan a que la crisis económica y sanitaria sea financiada por la clase trabajadora. En efecto, el discurso del gobierno en pandemia ha sido justificar sus acciones o inacciones por la falta de dinero y por lo tanto, llamar a que todxs arrimemos el hombro. Para eso se ha establecido el cobro de una tasa progresiva sobre los ingresos mensuales de personas naturales y funcionarios públicos que ganen más de 500 y menos de 1000 dólares mensuales respectivamente; para aquellos funcionarios que ganen más de 1000 dólares, se aplica una contribución del 10% al salario. Recordemos que el sueldo mínimo en Ecuador es de 400 dólares y que la canasta básica es de 716,14. Por esta vía se calcula recaudar 900 millones de dólares.
Por otro lado, los empresarios que tengan empresas que hayan obtenido en el 2019 utilidades mayores al millón de dólares, deberán pagar una tasa de 5% sobre sus utilidades. Tasa que será en realidad un pago anticipado de sus obligaciones tributarias. Con este mecanismo se espera recaudar 500 millones de dólares. Casi el 50% menos que lo que se saque de los sueldos de la clase trabajadora. Mientras tanto el gobierno continúa pagando la deuda externa: el 23 de marzo desembolsó 324 millones de dólares por obligaciones, en una de las semanas en que más fallecidxs y contagios existieron. En los últimos días Amnistía Internacional y las organizaciones de derechos humanos del país, emitieron una alerta por la decisión del Consejo de la Judicatura, de prohibir a sus operadores de justicia, recibir garantías constitucionales con excepción del habeas corpus. Finalmente, con la dramática baja del precio del petróleo a menos de un dólar el barril, y dependencia estructural de la economía ecuatoriana a la extracción del crudo; ya hay voces que proponen que “este es el momento histórico para eliminar los subsidios a los combustibles”. Hacerlo es no solo permitir que el precio de la gasolina sea fijada por el mercado sino “dejar que el precio de uno de los pocos factores que permiten subsidiar la economía ecuatoriana dolarizada, esté a merced de la volatilidad del precio del petróleo internacional”[3]. Si la crisis de 1999 devastó a los sectores populares y medios del país, la que se viene como consecuencia de la estrepitosa caída del petróleo, será muchísimo mayor. Las élites rentistas, agroexportadoras y banqueras, que siempre quisieron hacer del Ecuador, un país que siga al pie de la letra las recetas neoliberales de los organismos multilaterales y las transnacionales, aprovechan rápidamente la emergencia sanitaria y el encierro obligado de las organizaciones, para hacer todo lo que no pudieron en 25 años de movilizaciones indígenas y populares: desmantelar lo público y colocar lo común al servicio de los intereses privados.
De la lucha de clases a la que asistimos en octubre, el escenario actual, nos muestra que mientras los empresarios gobiernan y emiten medidas anti populares, los pueblos y las organizaciones intentan que la vida no se escape y simultáneamente elaboran soluciones ante las crisis sanitaria y económica que vivimos. En estas últimas semanas, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Frente Popular, el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas[4] y varios espacios de investigadorxs, han formulado opciones en torno a las fuentes de financiamiento del gasto público en emergencia sanitaria; y a los problemas de liquidez en una economía dolarizada como la ecuatoriana[5]. Desde el campo popular se contempla la priorización de recursos para salud, alimentación, empleo y educación así como el no pago de la deuda externa con el FMI; el cobro de las deudas de los empresarios al fisco; el aporte proporcional y progresivo de los grandes grupos económicos; la nacionalización de la banca; la atención prioritaria para médicxs, enfermerxs, tecnólogxs y diversos empleadxs en hospitales y clínicas; el cese de las actividades extractivas durante la pandemia y la renegociación de contratos petroleros y mineros; la recuperación de dinero de la corrupción; la implementación de dinero electrónico y timbre cambiario para evitar la salida de divisas; y finalmente, la inyección de recursos al sistema productivo agrícola, para “fortalecer las redes de comercialización, cadenas de valor y circuitos cortos locales, fomentando lógicas de consumo basadas en reciprocidad y confianza” (PUCE 2020) o como propone la CONAIE, a través de su Plan Solidaridad proveer de alimentos saludables a las comunidades y los habitantes de los centros urbanos.
De hecho, si hay algo que ha ocurrido en esta cuarentena, es el despliegue desde abajo. Son las organizaciones indígenas y de campesinxs las que han salido todas las semanas a entregar alimentos y medicinas naturales a las diferentes ciudades del país; son las organizaciones de trabajadorxs quienes han levantado las denuncias sobre despidos en florícolas y empresas; son las federaciones de estudiantes las que visibilizan que las clases online, en un país con baja cobertura de internet, refuerzan las ya existentes desigualdades para lxs niñxs y jóvenes de sectores populares y áreas rurales. Y son las mujeres y las organizaciones feministas las que además de exigir y proponer, siguen encargadas del trabajo de reproducción social ampliada, pero en condiciones de mayor explotación y de persistencia de la violencia machista.
De acuerdo a las estadísticas elaboradas por las Cuentas Satélite del INEC, en el 2019, el trabajo no remunerado constituyó el 20% del PIB, y de esta cifra, el fue 90% fue realizado por mujeres. No existen por ahora datos sobre el trabajo de cuidado no pagado en este mes de confinamiento, no podemos tampoco saber a ciencia cierta, cuánto de éste, es trabajo hecho por mujeres; pero podemos inferir, como muestran los reportajes, análisis, redes y datos de otros países, que el trabajo para las mujeres en cuarentena tiene tres características: 1) se prolongan las jornadas de trabajo productivo asalariado y reproductivo no remunerado; si antes las fronteras y tiempos de trabajos productivo y reproductivo eran por momentos difusas, en estos días son prácticamente borrosas, hay un continuum; 2) se ha intensificado el tiempo de trabajo por las necesidades de cuidado de las familias, lxs hijxs, lxs ancianxs; y 3) el enorme trabajo de sostenimiento emocional en encierro y a lo largo de todo el día, se ve reforzado por la división sexual del trabajo y la falta de tiempo de las familias para adaptarse a la cuarentena, y que obliga a las mujeres a acelerar sus capacidades para crear condiciones de calma en los hogares. A esto se suman las medidas adoptadas por las instituciones educativas y las patronales, empresas, etc. que pretenden mantener la productividad en medio de la crisis. Es así cómo el carácter de explotación y expropiación del valor del trabajo realizado por mujeres en esta cuarentena, combina en una misma jornada plusvalía absoluta y plusvalía relativa.
¿Qué nos dice eso sobre la rentabilidad que obtienen los capitalistas en este contexto? En momentos donde la intensificación del trabajo reproductivo se combina con la extensión de la jornada de trabajo no remunerado, y a la par en la esfera del trabajo productivo asalariado, se producen despidos y un deterioro del valor del salario, la tasa de ganancia de los empresarios aumenta por la vía de la explotación en el mundo ampliado del trabajo. En contextos de radicalización de las medidas neoliberales, el reforzamiento del trabajo no remunerado permite sostener la presión a la baja de los salarios de la clase trabajadora, Y es que la tasa de ganancia de lxs capitalistas está garantizada porque no tienen que pagarnos directamente, porque nuestro trabajo no es remunerado.
En momentos en los que todo se organiza en torno a un virus y a la sobrevivencia, el dolor que sentimos por la pérdida de vidas humanas., y el trabajo afectivo y de cuidado que realizamos las mujeres no es menos importante que la reproducción material de la vida. Las mujeres somos “la primera línea como trabajadoras de cuidado (enfermeras, cajeras en las tiendas)”. Y somos quienes sostenemos “el incremento de trabajo en la casa, no transmitirles miedo a los hijos, protegerlos de esta amenaza” (Federici, 2020)
Como Parlamento de Mujeres, la cuarentena obligada, el toque de queda y los niveles de contagio y fallecimientos, nos confinó a la articulación y coordinación virtual. Han sido semanas duras. Y sabernos juntas, denunciando lo que hace el gobierno, conteniendo a otrxs, gestionando la solidaridad, dándonos esperanza, rotando el acompañamiento emocional para que cuando alguien entra en crisis, ansiedad y tristeza, no nos sobrecarguemos solo unas, sino que repartamos el cuidado… ha sido sobretodo un ensayo. Ensayamos estar sin poder poner el cuerpo con otras, junto a otras, en las calles. En estos días de duelo, supimos que en los últimos dos meses han muerto 7900 mil personas en Guayaquil ciudad costera del Ecuador, y uno de los cantones más golpeados por esta pandemia. Hemos pasado semanas en las que la población denunciaba por redes el número de decesos, y las condiciones inhumanas de muerte. Cuerpos desaparecidxs, cementerios llenos, hospitales que no quieren atender a lxs enfermxs sino solo en el caso de que lxs enfermxs puedan sobrevivir, laboratorios y farmacéuticas aumentando sus ganancias a costa de la desesperación de la gente. Por eso frente a los intentos del gobierno ecuatoriano de aislar las muertes, y al mismo tiempo borrarlas; nosotras colectivizamos el luto: nos duelen lxs fallecidxs en el país, ponemos velitas para recordarlxs, aún sin conocerlxs, y colocamos lazos negros en nuestras casas, para que no queden en silencio, o solo desaparezcan entre cifras y fosas.
Durante varios viernes convocamos a cacerolazos para protestar en contra de las medidas neoliberales; hacia finales de marzo, en vísperas del pago de 324 millones de dólares al FMI, hicimos un tuitazo para exigir moratoria al pago de la deuda externa; y nos juntamos a apoyar las denuncias que levantan lxs trabajadorxs a través de pronunciamientos y carteles. Y es que en estas semanas de cuarentena, la dinámica laboral de la patronal no solo ha significado un incremento de despidos a trabajadorxs de empresas y florícolas, si no también mayor precarización. Es el caso de lxs repartidorxs de comida o medicinas bajo la plataforma transnacional Glovo, quienes cansadxs de ver reducir sus derechos y verse obligadxs a trabajar sin protección, protestaron afuera de la empresa. Y en acuerdo con otrxs repartidorxs de Argentina, México y Colombia, convocaron al primer paro internacional de repartidorxs el 22 de abril. Las relaciones de confianza y apoyo presentes en el Parlamento, se hicieron efectivas y además de convocar en redes, estuvimos acompañando a lxs compañerxs.
En una jornada inédita para la historia del país, el 1ero de mayo, la Conaie, el FUT, el Frente Popular, y varios colectivos de izquierda convocaron a cacerolazos y plantones pequeños en distintas partes de la ciudad. Nosotras aportamos visibilizando el trabajo de cuidado mediante la difusión de videos cortos que las compañeras de distintas organizaciones y diferentes partes del país nos fueron enviando. Con eso colocamos el sostenimiento de la vida y la solidaridad como base de nuestro trabajo, así como la organización y la rebeldía como parte central de lo que entendemos por cuidado: luchar contra todo aquello que nos niega la dignidad.
Sin embargo, a pocos días de esta jornada, el gobierno neoliberal de Moreno determinó la reducción de 98 millones de dólares que corresponden al presupuesto nacional para el financiamiento de 32 universidades. Cuando lo que organiza un gobierno es el acuerdo con el FMI, el pago de la deuda externa y los intereses de los empresarios, la educación pública deja de ser un derecho. De esta manera, el gobierno obliga a las universidades a despedir docentes y trabajadorxs porque no tiene fondos para pagar; sobrecarga de trabajo a quienes aún pueden conservar su empleo; y restringe la entrada de miles jóvenes a la educación superior. Sabemos que reducir presupuesto para la educación pone en riesgo el sostenimiento y la permanencia plena de instituciones de educación pública. Con universidades públicas desfinanciadas, ¿dónde espera el gobierno que el pueblo se eduque? Queda claro que el proyecto empresarial busca a la larga que millones de jóvenes no entren a las universidades, que otrxs tantxs se financien su propia educación y que miles de maestrxs se queden en la calle.
Ante esto tanto el 5 de mayo como el 11 de mayo, las distintas organizaciones de estudiantes -de universidades públicas y algunas privadas- así como lxs trabajadorxs y docentes convocaron a plantones y marchas cortas que mantuvieron las normas de sanidad, seguridad y cuidado pero que nos dejaron en claro que paulatinamente el regreso a las calles, es una posibilidad. Y es que a pesar de los riesgos que esto supone, los movimientos y los sectores populares del país, saben que las clases dominantes ensayan con nosotrxs la reacción y capacidad de respuesta frente a su proyecto neoliberal.
En este contexto de incertidumbre, no sabemos aún cómo protestaremos a largo plazo, pero confiamos en que la memoria larga de insubordinación, levantamiento y paro de estos 25 años, presente en octubre del año pasado, encontrará la manera de hacerse cuerpo presente, voz plural, primera línea.
[1] Feminista, forma parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador. Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, del Observatorio de Cambio Rural, del Grupo Estudios Críticos del Desarrollo Rural y de la Red de Género, Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe coordinados por Clacso, además integra el Foro Feminista Contra el G20, la Cátedra Libre Virginia Bolten y la Confluencia Feminista del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Actualmente realiza su doctorado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
[2] De acuerdo al Observatorio de Cambio Rural https://ocaru.org.ec/ el 70% de la seguridad alimentaria está en manos de pequeñxs productorxs y campesinxs. A eso se agrega que la investigación realizada por Patric Hollenstein para la Universidad Central del Ecuador, “el sistema de mercados y ferias de Quito se compone de miles de pequeños emprendimientos, de los cuales, alrededor del 75% son manejados por mujeres. Se estima que este sistema abastece a más del 75% de la provisión de alimentos de la ciudad de Quito”. Para revisarlo entrar a ¿Están en riesgo los mercados y ferias municipales? Aprovisionamiento de alimentos, economías populares y la organización de
[3] Nora Fernández, economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
[4] Si quieren saber más del proceso del Parlamento, pueden revisar Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones Feministas
[5] Aquí las propuestas de tres espacios:
Carta del Colectivo Unitario Nacional a Lenín Moreno
Redistribución o barbarie ¿Del coronavirus a la ley de la selva?
